La Asamblea Nacional prevé aprobar el 10 de noviembre una reforma que abriría el sector eléctrico a empresas privadas y mixtas. El proyecto incluye compensaciones por daños a equipos, devolución de cobros indebidos y nuevas reglas para las tarifas y la prestación del servicio.
Por Redacción El Pepazo
Maracaibo, 7 de noviembre de 2026
Venezuela se prepara para una reforma de su legislación eléctrica que podría modificar la manera en que se genera, distribuye y comercializa la energía en el país, en medio de constantes denuncias por apagones, fluctuaciones de voltaje y dificultades para garantizar la continuidad del servicio.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el Parlamento tiene previsto sancionar el martes 10 de noviembre de 2026 la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La propuesta contempla la incorporación de empresas privadas y mixtas a distintas actividades del sector, la creación de mecanismos de supervisión y nuevas disposiciones relacionadas con los derechos de los consumidores.
Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de compensaciones por daños ocasionados por fallas eléctricas atribuibles a las empresas operadoras.
También se contemplan reembolsos por errores de facturación y restricciones a las suspensiones arbitrarias del suministro.
Sin embargo, hasta este sábado 7 de noviembre la reforma no había completado su aprobación parlamentaria.
Por tanto, las disposiciones examinadas corresponden al proyecto en discusión y su aplicación dependerá del texto definitivo y de las normas que se dicten posteriormente.
¿En qué etapa se encuentra la nueva Ley Eléctrica?
La Asamblea Nacional avanzó el jueves 5 de noviembre hasta el artículo 95 de un proyecto compuesto por 119 artículos, además de disposiciones transitorias y una disposición final.
Durante esa jornada se debatieron materias relacionadas con inversión, prestación del servicio, derechos de los usuarios, alumbrado público, transmisión y comercialización de energía.
El debate fue diferido nuevamente, después de que los parlamentarios aprobaran numerosos artículos y quedaran pendientes otros puntos del instrumento.
Un día después, Jorge Rodríguez anunció que la sanción definitiva está prevista para el martes 10 de noviembre.
Durante un encuentro con representantes del sector productivo en Yaracuy, el parlamentario reconoció las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico y señaló que su recuperación necesita inversiones de gran magnitud.
La aprobación anunciada todavía debe concretarse.
Incluso después de la sanción parlamentaria, será necesario conocer el texto definitivo y su publicación oficial para determinar con precisión las nuevas obligaciones y su entrada en vigencia.
Empresas privadas podrán participar en el sector eléctrico
Uno de los cambios más importantes es la apertura a la participación privada.
La propuesta contempla que empresas nacionales e internacionales puedan desarrollar actividades eléctricas mediante los instrumentos legales correspondientes.
Entre las operaciones previstas figuran la generación y comercialización de energía, además de otras actividades sujetas a títulos habilitantes.
La reforma también contempla empresas mixtas, en las que pueden participar capitales públicos y privados.
Esto representa una modificación importante frente al modelo de fuerte concentración estatal que ha caracterizado el funcionamiento del sector durante los últimos años.
No obstante, la participación privada no implica que Corpoelec vaya a desaparecer ni que todas las instalaciones eléctricas del país serán privatizadas.
El proyecto mantiene funciones estratégicas y de supervisión en manos del Estado.
También establece reservas estatales sobre determinadas instalaciones hidroeléctricas consideradas estratégicas.
La incorporación de nuevos operadores dependerá de autorizaciones, concesiones, inversiones y condiciones técnicas que todavía deberán concretarse.
¿Se podrán cobrar nuevas tarifas eléctricas?
La discusión sobre las tarifas es uno de los asuntos de mayor interés para los usuarios.
Jorge Rodríguez explicó que la reforma permitirá la comercialización privada de electricidad bajo condiciones reguladas, con el propósito declarado de evitar perjuicios a ciudadanos, productores e industrias.
Sin embargo, el anuncio no establece por sí mismo cuánto pagará una familia venezolana por el servicio.
Hasta el 7 de noviembre no se ha confirmado un nuevo cuadro tarifario nacional que permita calcular aumentos o reducciones derivados de esta reforma.
La discusión sobre tarifas deberá considerar los costos de generación, mantenimiento, transmisión, distribución y comercialización.
También será necesario conocer cómo se aplicarán los subsidios, qué organismo supervisará los cobros y cuáles serán los mecanismos de protección para los consumidores.
Una ley que permite nuevos operadores no significa necesariamente que cada usuario pueda elegir de inmediato una empresa proveedora.
Esa posibilidad dependerá del modelo de mercado y de las reglas técnicas que finalmente se establezcan.
Compensaciones por electrodomésticos dañados
Uno de los puntos más relevantes para los hogares aparece en las disposiciones sobre derechos de los usuarios.
El artículo 34 discutido por la Asamblea Nacional contempla que los consumidores puedan obtener compensaciones adecuadas por daños a equipos y artefactos eléctricos cuando estos sean consecuencia de fallas o fluctuaciones atribuibles a la empresa operadora.
Esto podría beneficiar a personas que sufran pérdidas por averías en neveras, televisores, aires acondicionados, computadoras u otros dispositivos.
Sin embargo, existe una diferencia entre reconocer un derecho y establecer un procedimiento efectivo para ejercerlo.
Será necesario conocer cómo deberá presentarse cada reclamación, qué pruebas se exigirán, cuáles serán los plazos de respuesta y qué autoridad resolverá las controversias.
La responsabilidad de la empresa también tendrá que determinarse conforme a las condiciones previstas en la normativa.
Por tanto, no sería correcto afirmar que todos los equipos dañados por fluctuaciones serán reemplazados automáticamente.
La compensación dependerá de que se acrediten los requisitos aplicables.
Devolución del dinero cobrado indebidamente
La reforma también contempla mecanismos para que los usuarios puedan reclamar montos facturados en exceso.
Entre las situaciones consideradas figuran errores de medición, lectura, facturación o aplicación indebida de tarifas.
Esta disposición busca reforzar la responsabilidad de los prestadores frente a inconsistencias en los recibos.
Su aplicación práctica requerirá procedimientos transparentes que permitan revisar los consumos y resolver las reclamaciones.
La existencia de reglas claras será especialmente importante cuando se incorporen nuevos operadores al mercado eléctrico.
Prohibición de suspensiones arbitrarias
Otro aspecto del artículo 34 se refiere a la continuidad del suministro.
El texto discutido prohíbe las suspensiones discrecionales o arbitrarias del servicio eléctrico.
Las desconexiones quedarían sujetas a causas justificadas, como incumplimientos de obligaciones relacionadas con el servicio o razones técnicas de seguridad, bajo las condiciones y avisos establecidos por la regulación.
Esto no significa que la electricidad no pueda suspenderse en ninguna circunstancia.
La propuesta busca establecer límites y procedimientos para evitar decisiones injustificadas.
La protección efectiva dependerá de que los usuarios dispongan de canales accesibles para denunciar irregularidades y solicitar revisiones.
Nuevos organismos para supervisar el sistema eléctrico
La reforma plantea una nueva organización institucional del sector.
Entre los organismos contemplados figura la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, encargada de funciones de regulación, control y fiscalización.
También se propone el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico, con responsabilidades técnicas relacionadas con el despacho y la gestión de la energía.
Ambas figuras formarían parte de una estructura que incluiría al ministerio competente, Corpoelec y los operadores autorizados.
La separación de responsabilidades podría facilitar la supervisión de diferentes actividades.
Sin embargo, su eficacia dependerá de la autonomía técnica, la disponibilidad de personal especializado, la transparencia de los procedimientos y la capacidad de hacer cumplir las normas.
La creación legal de organismos tampoco garantiza automáticamente su funcionamiento inmediato.
Concesiones privadas con plazos definidos
El proyecto establece un régimen de títulos habilitantes para desarrollar determinadas actividades eléctricas.
Entre las figuras contempladas se encuentran registros, licencias y concesiones.
De acuerdo con los artículos discutidos, las concesiones podrán tener una duración máxima de 25 años.
El Estado conservaría potestades de intervención y reversión conforme a las condiciones legales aplicables.
También se prevén reglas sobre la transferencia de determinados bienes al finalizar la vigencia de las habilitaciones.
Estas disposiciones serán relevantes para empresas interesadas en financiar proyectos de generación, distribución o comercialización.
Los inversionistas necesitarán conocer las condiciones de recuperación de capital, las garantías jurídicas, las reglas tarifarias y los procedimientos para resolver controversias.
La discusión sobre las competencias municipales
La reforma también provocó diferencias en la Asamblea Nacional sobre la participación de las alcaldías.
La diputada Nora Bracho planteó objeciones relacionadas con las competencias municipales y cuestionó que los gobiernos locales no tuvieran una intervención suficientemente amplia en la planificación del servicio.
El diputado Antonio Ecarri también defendió una mayor participación de los municipios en los planes de mejoramiento de las redes locales.
Desde el oficialismo se argumentó que el proyecto contempla mecanismos de participación comunitaria y otras instancias de intervención.
Entre los artículos discutidos figura el reconocimiento de las mesas técnicas de energía como espacios de participación en la planificación de servicios para las comunidades.
El debate tiene especial importancia para ciudades como Maracaibo, donde las autoridades municipales reciben denuncias sobre alumbrado público, interrupciones y problemas en instalaciones locales.
La coordinación entre los distintos niveles de gobierno será un elemento importante para evaluar la aplicación de la reforma.
¿Qué significa esta ley para Maracaibo y el Zulia?
El Zulia es una de las regiones donde las interrupciones eléctricas y las fluctuaciones de voltaje generan constantes preocupaciones ciudadanas.
Los problemas afectan actividades domésticas, establecimientos comerciales, centros de salud y empresas que necesitan suministro continuo.
En septiembre de 2026, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 62 protestas relacionadas con apagones en el estado.
El dato refleja la importancia del servicio eléctrico en las demandas de las comunidades zulianas.
La nueva legislación podría abrir oportunidades para proyectos privados de generación y modernización de infraestructura.
No obstante, una mayor participación empresarial no resuelve automáticamente los problemas de transmisión, distribución o mantenimiento.
El impacto sobre el Zulia dependerá de las inversiones efectivamente realizadas, la capacidad de generación incorporada y la estabilidad de las redes.
Las barcazas eléctricas anunciadas para el Zulia
La discusión legislativa coincide con el anuncio gubernamental de un acuerdo entre Corpoelec y la empresa turca Karpowership.
El proyecto contempla contratar dos barcazas de generación eléctrica con una capacidad conjunta prevista de 200 megavatios para el estado Zulia.
La iniciativa podría contribuir al suministro regional cuando las unidades estén instaladas, conectadas y operativas.
Sin embargo, la potencia anunciada no debe confundirse con capacidad ya incorporada al sistema.
Hasta el momento no se ha confirmado públicamente una fecha definitiva de entrada en operaciones.
Tampoco se han divulgado todos los detalles técnicos y financieros del acuerdo.
La reforma legal y la contratación de nueva capacidad son procesos diferentes, aunque ambos forman parte de la discusión sobre la recuperación del sistema eléctrico.
¿Por qué Venezuela necesita inversiones en electricidad?
El funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional depende de una cadena de actividades que incluye generación, transmisión, distribución y comercialización.
Las fallas en cualquiera de estos componentes pueden afectar la continuidad del suministro.
La incorporación de nuevas plantas de generación, por ejemplo, no garantiza mejoras completas cuando existen limitaciones en las redes que transportan o distribuyen la energía.
Por ello, especialistas en regulación económica consideran necesario distinguir las actividades donde puede existir competencia de aquellas que requieren supervisión más estricta.
La transmisión y buena parte de la distribución eléctrica presentan características de infraestructura esencial, con inversiones elevadas y redes que no resulta eficiente duplicar indiscriminadamente.
En este contexto, la participación privada puede aportar recursos y capacidad técnica, pero requiere reglas claras de acceso, supervisión y protección al consumidor.
La recuperación del servicio también necesitará mantenimiento, modernización, personal especializado y planificación a largo plazo.
Los puntos que todavía deben aclararse
Aunque el proyecto introduce cambios importantes, persisten interrogantes que deberán resolverse durante su aprobación y aplicación.
Entre ellos destacan el esquema tarifario definitivo, los procedimientos para reclamar compensaciones, la participación de los municipios y los mecanismos para supervisar a los operadores.
También será necesario conocer cómo se otorgarán las concesiones, qué inversiones se exigirán y cuáles serán las garantías para los usuarios.
La publicación del texto final permitirá determinar si las disposiciones discutidas conservan su redacción y cuáles serán sus plazos de aplicación.
La transparencia de esa información será fundamental para evaluar la reforma.
¿Se acabarán los apagones con la nueva ley?
La respuesta es que ninguna reforma legal, por sí sola, puede garantizar la eliminación inmediata de las interrupciones eléctricas.
La legislación puede establecer incentivos para invertir, mejorar las obligaciones de los operadores y fortalecer los derechos de los consumidores.
Pero los resultados dependerán de proyectos ejecutados, infraestructura recuperada, mantenimiento y capacidad de respuesta ante averías.
Para las familias, los principales indicadores serán la reducción de los apagones, la estabilidad del voltaje, la rapidez de las reparaciones y la posibilidad real de reclamar daños o cobros indebidos.
Para las empresas, serán importantes la continuidad del suministro, los costos y la previsibilidad de las reglas.
Una reforma que deberá demostrar resultados
La nueva Ley Eléctrica podría representar uno de los cambios institucionales más importantes del sector en los últimos años.
Su apertura a empresas privadas y mixtas, junto con la incorporación de nuevas disposiciones sobre derechos de los usuarios, plantea un modelo distinto de organización y supervisión.
Sin embargo, hasta el 7 de noviembre de 2026 todavía no se ha completado la sanción parlamentaria.
El anuncio de una posible aprobación el martes 10 abre una etapa decisiva para conocer el texto definitivo.
El verdadero impacto de la reforma no se medirá únicamente por la llegada de nuevos inversionistas, sino por la capacidad de ofrecer electricidad estable, reglas transparentes y mecanismos efectivos de protección a los usuarios.
Para los zulianos, la prioridad seguirá siendo la misma: contar con un servicio confiable que permita desarrollar sus actividades cotidianas sin interrupciones prolongadas.
El Pepazo continuará el seguimiento de la discusión parlamentaria, las disposiciones sobre tarifas y compensaciones y las inversiones anunciadas para el Sistema Eléctrico Nacional.
Fuente original: Diario Digital El Pepazo https://elpepazo.com
https://elpepazo.com/nueva-ley-electrica-venezuela-cambios-usuarios/?fsp_sid=109343
